Introducción
El tratamiento del lugar del hecho es una actividad
en esencia compleja y problemática; tales dificultades son tanto más visibles
cuando los sucesos investigados han afectado la salud o la vida de algún
miembro de la comunidad. En este contexto, el ejercicio de la profesión
criminalística requiere especial adecuación para abordar varios aspectos de la
convivencia en sociedad que se solapan, para conciliar entre el ejercicio de
derechos y el cumplimiento de obligaciones.
Si se realiza un estudio compartimentado de estos
aspectos y sus implicancias, el análisis resulta fallido; el mismo adolecerá de
la necesaria contextualización para la toma de decisiones. Estas
determinaciones, a primera vista, son inherentes a las obligaciones procesales
de mantener intangible el escenario del crimen (1). La inconveniencia de
escindirlas es el agente complejizado para el primer interventor del escenario,
por lo tanto deben considerarse en conjunto.