Durante la última dictadura militar argentina
(1976-1983) se impuso el terrorismo de estado mediante la división territorial
del país en cinco zonas, cuatro sub-zonas y veintiocho áreas. “crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de
concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista o observador
internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como
necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en
secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio”.
(De la “Carta Abierta a la Junta Militar” de Rodolfo Walsh, 1977).
Actualmente, esta división jurisdiccional permite que
los magistrados/as federales puedan determinar la responsabilidad de las
diferentes autoridades castrenses de acuerdo a la ubicación geográfica y la
etapa histórica en la que ocurrieron los hechos denunciados. Asimismo, facilita
que los magistrados/as puedan acumular actuaciones –cuando resulte pertinente-
bregando por la celeridad del proceso.